Madrid, 3 de mayo de 2022.- En algunos de los mercados en los que operamos, principalmente los europeos, circulan en torno a nuestra actividad mitos infundados, propagados de manera oportunista por ciertas voces públicas, que se desarman cuando se contrastan con la evidencia de los distintos estudios sobre la industria.
Una de estas falsas creencias, es la relacionada con la planificación de los locales de juego, que acusa a los operadores de instalarse en barrios marginales para aprovecharse de la vulnerabilidad de los clientes, o de estar cerca de colegios para atraer a los menores, demandando entonces una distancia entre los locales, y de estos respecto a los llamados “lugares sensibles”.
Pero, ¿es la distancia determinante en la protección de los colectivos vulnerables? No. Así lo demuestran distintos estudios llevados a cabo en Italia y España, dejando un nuevo mito desarmado.
El último de ellos, el presentado el pasado 24 de marzo en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, “El contraste de los riesgos derivados de los trastornos del juego”, realizado por BWA DOXA, una de las más prestigiosas empresas de investigación y consultoría.
Sus resultados, revelan que la distancia no es un elemento de protección frente al juego problemático. Una conclusión que refuerza la necesidad de reorganizar el sector para no seguir prejudicando a los operadores legales y dejando espacio a la proliferación del juego ilegal.
Las responsables de presentar los resultados fueron las doctoras Sonia Biondi y Roberta Belli, a quienes acompañaron diversos representantes institucionales, como Federico Freni, subsecretario del MEF con responsabilidad para los juegos; el senador Marino, presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Disfunciones del Juego Ilegal y del Juego Público; y Marcello Minenna, director de ADM, Agencia de Aduanas y Monopolios.
La restricción no basada en la realidad fomenta el juego ilegal
Los resultados de la encuesta son demoledores: la prohibición fomenta el juego ilegal y reduce el control sobre los jugadores problemáticos.
Federico Freni, subsecretario de Estado de Economía y Finanzas, recordó además una de las demandas recurrentes de la industria, el desarrollo de una regulación estable, que ofrezca garantías jurídicas. Y destacó la importancia de que operadores y Estado trabajen de manera conjunta en la lucha contra el juego ilegal, en una cooperación fructífera, que busque la protección de los ciudadanos.
“Los resultados de este estudio surgen de la discusión con stakeholders. La estratificación regulatoria es uno de los factores que mayor incertidumbre genera, siendo potencialmente devastadora para el sector y para el Estado. Es necesario proteger los intereses públicos derivados de una industria que en Italia dispone de 300 concesionarios, 6.600 empresas y da empleo a alrededor de 150.000 personas. Cualquier prohibición radical beneficia la ilegalidad, con un incremento de los jugadores ilegales y por lo tanto, un menor control sobre los problemáticos”, explicó Freni. Porque además, el cierre de locales durante la pandemia ha confirmado que, a menor juego legal, mayor juego ilegal.
Regulando sobre falsas premisas
El estudio también revela que la opinión pública tiene una imagen distorsionada sobre los jugadores, confundiendo a los usuarios sociales con personas con conducta problemática.
Esto ha fomentado el desarrollo de restricciones indiscriminadas, en lugar de medidas específicas enfocadas en las personas con riesgo de patología.
A su vez, los empleados de los operadores de juego ponen de relieve el daño que sufren como consecuencia de una opinión pública desfavorable, con ausencia de empatía para reconocer las dificultades añadidas que ha atravesado el sector dutante la pandemia y postpandemia.
Las distancias solo disuaden al cliente que juega para pasarlo bien
El estudio señala a su vez que las distancias funcionan más como elemento disuasorio para el jugador social que para el problámático, poniendo en riesgo la supervivencia de los operadores legales, con efectos negativos sobre el empleo, los jugadores y las arcas públicas.
Italia ya está dando marcha atrás en su foco sobre las distancias y clamando por una mayor protección para el juego legal. Se han dado cuenta de que las normas prohibicionistas contra los operadores legales, no sustentadas en la realidad de la industria, lejos de resolver los problemas por las que se establecieron, generan otros nuevos.
Esperemos que su ejemplo sirva para que el debate en otros mercados deje de centrarse sobre las distancias, para enfocarse en la búsqueda de soluciones realmente efectivas para proteger a los colectivos vulnerables.
