Tal y como anunciamos en la anterior publicación, Codere, la compañía cotizada, matriz de nuestro grupo, está en preconcurso de acreedores desde el pasado 2 de enero para garantizar la seguridad jurídica debida, ante la falta de acuerdo con los hedge funds que compraron nuestra deuda senior y cuyo vencimiento, el 7 de enero, era inminente e inasumible.
La situación se solucionó transitoriamente con el acuerdo de una prórroga del pago de los 135 millones de euros hasta el próximo 6 de febrero, extensible hasta el 15 de abril, si se dieran ciertas condiciones ligadas a la evolución de las negociaciones, y al alcance de un acuerdo con los acreedores bonistas. Los mercados, parecería que asumieron que esta noticia implicaba un acuerdo definitivo, disparando el valor en Bolsa de la acción en más de un 60%, y superando su volumen los tres millones de títulos en un solo día. Todavía es pronto para poder pronunciarse sobre esta teoría.
Asimismo, el pasado 15 de enero venció el cupón del bono, por valor de 30 millones de euros, al que hemos decidido no hacer frente, ante la ausencia de un acuerdo de reestructuración global que posibilite la viabilidad de nuestro proyecto. Como adelantaba en su entrevista David Jiménez, la eventual ejecución de garantías por parte de los bonistas, podría desencadenar en el Concurso de Acreedores de la compañía.
En todo caso, resulta esperanzador observar el tratamiento otorgado por la prensa económica con auténtica reputación, a los acontecimientos ocurridos en nuestro caso, y su inquietud ante los abusos oportunistas de los fondos buitre, en las compañías españolas que han dedicado su esfuerzo a la creación de empleo, y al desarrollo internacional de sus capacidades empresariales.
Codere tiene que confiar en las diligencias informativas que la CNMV habría abierto para obtener más información sobre las actuaciones de los fondos, tras tener conocimiento de cómo se hicieron con la deuda de Codere, y el devenir de las negociaciones de su refinanciación.
En otro orden de cosas, estos últimos días también se ha cuestionado la vigencia de nuestros permisos para operar en Argentina en el supuesto de que los “fondos buitre” se hicieran con el control de Codere. Como menciona José Ramón Romero –especialista en regulación de juego– en la elaborada entrevista que publicamos hoy:
Dado que “el juego no es una actividad inocua (…), los operadores deben reunir exigencias muy intensas, en aras a un adecuado control de la actividad” por parte de los poderes públicos. En este sentido, sorprende que sorprenda, que la alteración de los órganos de control, de una compañía tenedora de licencias, concesiones, o contratas públicas, pueda ser un factor de riesgo para las mismas.
Codere es consciente de que “sus socios más importantes son los Gobiernos” y por ello, su actividad en más de treinta años de existencia, se ha caracterizada por un respeto escrupuloso de la legalidad, un esfuerzo continuo para profesionalizar el sector, maximizar la recaudación de tasas para los Gobiernos, y garantizar el ejercicio responsable de las operaciones de juego.
