Italia 2007, la Corte dei Conti –un órgano jurisdiccional y administrativo, semejante al Tribunal de Cuentas español– inicia un procedimiento en defensa del Estado italiano por daños y perjuicios contra los 10 concesionarios AWP afincados en el país, alegando que durante un periodo de 25 meses, comprendido entre 2005 y 2007, las máquinas de éstos no fueron conectadas adecuadamente al servidor del Estado.
El procedimiento de primera instancia termina en 2012 condenando a los concesionarios al pago de sanciones astronómicas -en total 2.470 millones de euros- calculadas en proporción al volumen de recaudación de cada compañía. Así, la sanción impuesta a Codere Network asciende a la cantidad de 115 millones de euros. Jaime Estalella, director de Operaciones de Codere Europa, puntualiza que, aunque a posteriori se revisó a la baja hasta llegar a la cifra mencionada anteriormente, la sanción inicial ascendió a más de 3.000 millones de euros y añade que “jamás podríamos haber defraudado al Estado italiano ese montante, pues ni en todos los años que llevamos operando allí hemos generado esa cantidad”.
El exhaustivo análisis de nuestros abogados italianos especializados –Lattanzi y Cardarelli– revela que la causa abierta carece totalmente de base legal, puesto que materialmente era imposible que las máquinas estuvieran conectadas. No existían en Italia, al alcance de los concesionarios los medios técnicos para que pudieran cumplir con la obligación de conectar sus máquinas de juego al sistema. En este sentido, el Consejo de Estado resolvió la cuestión en 2010 dando la razón a las compañías de juego en territorio itálico, negando su responsabilidad en el asunto.
A pesar de ello, nos encontramos en una situación en la que la mayor parte de los operadores sancionados –siete– han decidido poner fin al problema llegando a un acuerdo extrajudicial. Esta posibilidad, establecida en la Ley italiana, implica evitar el desarrollo de un juicio pagando entre el 10 y el 30 % del montante total. En estos casos, la Corte dei Conti ha admitido la transacción pagando el 30 % de la cantidad total de la sanción de primera instancia.
De hecho, hace escasos meses, “la Corte dei Conti de forma preventiva, llevó a cabo un embargo de una cantidad teóricamente a devolver a favor de Codere Network, por valor de casi 10 millones de euros –relativo a un deposito en garantía del 0,5% que una vez verificado el cumplimiento de determinados niveles de servicio, anualmente el Gobierno devuelve a los operadores–”, apunta Alejandro Pascual, director de Operaciones de Codere Italia. Esta cantidad sería compensada o tramitada por devolución en el hipotético caso del pago de la sanción fruto del acuerdo extrajudicial o de una sentencia condenatoria.
Hasta la fecha, Codere no tiene claro que pagar el 30 % de la sanción -36,5 millones de euros- sea la solución más conveniente para la Compañía. Lógicamente, las circunstancias de estrechez financiera nos obligan a estudiar en profundidad todas las alternativas.
Tengamos en cuenta que el acuerdo extrajudicial implicaría tener que reunir aproximadamente 26,5 millones de euros –dinero que en estos momentos no es fácil ni barato obtener–, pero lo que es aún más importante, como señala David Jiménez, director adjunto a Presidencia, “incurriríamos en un gran coste de oportunidad: la pérdida del derecho a recurso”; esto es, no podríamos apelar a una instancia superior para que ésta conociese el caso y juzgara de nuevo con una eventual sentencia favorable.
La alternativa a este planteamiento, si las circunstancias lo aconsejan, sería que Codere rechazase el acuerdo extrajudicial, optando por la vía judicial. Conforme a la práctica, la sanción en vía judicial podría llegar a ser superior al 30 %. No obstante, la forma de pago de la misma sería convenida entre la Compañía y la AAMS (Agencia de Aduanas y Monopolios del Estado italiano) –se abre la posibilidad de calendarizarlo de forma razonable–. Además, una clara ventaja de acudir a juicio es que la Compañía se reserva el derecho a recurrir la eventual sentencia de la Corte dei Conti ante el Tribunal Supremo italiano (Corte di Cassazione) y, posteriormente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos radicado en Estrasburgo. De acuerdo a la opinión de nuestros abogados, las posibilidades de ganar el recurso en Estrasburgo aumentan sustancialmente, en cuyo caso no sólo nos reembolsaría cuanto hubiéramos pagado tras la condena de la Corte dei Conti vía convenio con la AAMS, sino también los intereses en el tiempo y cualesquiera otros daños ocasionados.
Si se decidiera que la resolución en sede judicial fuera lo más aconsejable, la Corte dei Conti emitiría la sentencia días después de la vista -15 de octubre 2014-. Si dicha sentencia resolviera condenando al pago de una multa, la Compañía iniciaría negociaciones con la AAMS que previsiblemente durarían semanas, hasta establecer la forma de pago –plazos, duración, etc.–. Seis meses después de que se nos notifique la sentencia, si se estima oportuno, podríamos iniciar los trámites para interponer recurso, contra la sentencia de la Corte dei Conti, ante el Tribunal Supremo italiano y, posteriormente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Sin embargo, dicho recurso no paralizaría la ejecución de la sentencia, es decir, el pago de la multa en los términos convenidos con la AAMS. El Tribunal de Justicia resolvería en un plazo de 3 años aproximadamente.
En cualquier caso, la Compañía dispone de un periodo de tiempo –hasta el próximo 15 de octubre de 2014– para seguir valorando ambas alternativas ya que hubo un defecto de forma en el procedimiento que retrasó la vista –inicialmente prevista para el 9 de julio del año en curso–. El Fiscal presentó un informe a las partes fuera de plazo por lo que todos los operadores alegaron falta de tiempo para estudiar el informe. En este tiempo, se reflexionará sobre todas los elementos que son determinantes para tomar una decisión y seguiremos informando sobre todo ello puntualmente.
