Madrid, 30 noviembre 2021.- En Codere tenemos un compromiso incontestable con el juego responsable y trabajamos para proporcionar una oferta que brinde la mejor experiencia al usuario, con el menor efecto adverso posible sobre la sociedad.
Para ello, entre otras actividades, la compañía pone en marcha medidas de juego responsable, favorece la transparencia y participa en foros donde impulsar un desarrollo normativo que asegure las mejores garantías al cliente. Sin embargo, en algunos mercados, reseñablemente en España, la sobreexposición del juego online y el discurso público, han generado una injustificada alarma social, con la consecuente implementación de medidas desproporcionadas, arbitrarias y limitantes de la libertad de personas y empresas.
Disposiciones relativas al establecimiento de distancias entre locales o respecto a “zonas sensibles”, prohibición de la publicidad, patrocinios, etc…
Pero, ¿son estas determinaciones eficaces para frenar el juego problemático o para limitar a los menores el acceso al juego? La experiencia italiana demuestra que no. Muchas son solo decisiones cosméticas, sin fundamento y con graves efectos colaterales.
En palabras de Alejandro Pascual, regional manager de Codere Europa y COO retail Codere
Italia “en España se están replicando los mismos pasos que se han producido en Italia a lo largo de los últimos años, basados en ideologías políticas y no en evidencias científicas, que han demostrado su ineficacia: distancia de salones respecto a zonas catalogadas como sensibles, prohibición de la publicidad, limitaciones horarias… Estas medidas forman parte de legislaciones ‘irregulares’ que generan multitud de dificultades a los operadores legales, que sumadas a los estragos de la pandemia, están provocando innumerables pérdidas de empleos, y manifiestan un trato especialmente severo y discriminatorio al sector. Se trata de disposiciones restrictivas y arbitrarias pueden suponer el colapso definitivo de una industria que ha tenido que permanecer completamente cerrada, mientras otras actividades retomaban su actividad, y que a pesar de no haber generado ingresos, ha sido obligada a seguir abonando impuestos, lo que ha llevado a situaciones financieras dramáticas en muchos casos”.
Dos caras de una misma moneda: regulación vía decreto
Hablar del Decreto de Dignidad del Gobierno Conte y del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego del ministro Garzón, es referirse a una misma prohibición de libertades en dos países europeos: Italia y España.
En el año 2018, el Gobierno de Conte aprobaba el Decreto Dignidad que, entre otras medidas, prohíbe la publicidad de las apuestas deportivas y juegos de azar. Con excepción de las loterías nacionales, la norma imposibilita toda publicidad de apuestas y juegos de azar, a través de cualquier medio.
En el año 2020, el más convulso hasta ahora conocido a causa de la pandemia, el ministro de Consumo de España aprobaba una nueva ley, que no aplica a los operadores públicos, que limita la publicidad de las empresas privadas de juego a la madrugada (de 1am a 5am).
Es muy pronto para valorar cómo impactará esta prohibición en la reducción de la tasa de juego problemático de España (la segunda más baja de Europa), pero la experiencia italiana puede ofrecernos claves.
Transcurridos tres años desde la entrada en vigor del Decreto Dignidad, los resultados son nefastos. Tanto, que muchos partidos políticos, medios de comunicación e instituciones italianas que en un primer término trataban duramente a la industria, han reformulado su discurso y se vislumbran oportunidades para que el sector del juego legal sea finalmente tratado como cualquier otro sector económico que genera empleo e ingresos al estado, vía impuestos.
Lo que la prohibición provocó de hecho, fue que los jugadores no fuesen capaces de distinguir qué operadores son legales y cuáles no, multiplicándose el número de sitios ilegales que carecen de cualquier garantía para el consumidor, que se emplean para el blanqueo de capitales, incentivan la criminalidad y son además los que más problema de juego problemático generan.
De igual modo, una encuesta realizada en 2018 desmontaba el falso mito que asocia la publicidad con la inducción al juego, al confirmar que tan solo el 19,3% de los jugadores afirma jugar a raíz de un anuncio, mientras que el 80,7% restante afirmó que su elección de consumo no está determinada por los mensajes publicitarios.
Además, según los datos aportados por Calcio e Finanza, entre el 1 de julio de 2019 (cuando entró en vigor la prohibición introducida por el Decreto Dignidad) y el 29 de febrero de 2020, la recaudación de las apuestas deportivas en Italia creció un 17,6%.
Distancias entre locales y zonas sensibles, agravando el problema
Otra de las medidas impuestas a los operadores privados es marcar una distancia mínima entre locales de juego y centros educativos de menores. De nuevo, la experiencia italiana desmonta el mito de su utilidad, y lo hace sustentándose en el resultado de multitud de estudios que demuestran que las distancias no solo no sirven para detener el problema del juego problemático, sino que además pueden resultar perjudiciales, dado que, tal y como revelan los estudios realizados por ISS, Instituto Superior de Sanidad de Italia, las personas con comportamientos problemáticos de juego buscan lugares para jugar lejanos a su zona de residencia o de trabajo, es decir, de los sitios donde es probable que le conozcan, con el objetivo de ocultar las conductas patológicas de su contexto familiar y relacional.
Según un estudio realizado por Doxa, tanto el distanciamiento como los límites de horarios no solo son ineficaces, sino que además son perjudiciales, dado que la gran mayoría de jugadores están dispuestos a trasladarse donde sea necesario o a jugar online, y solo el 12% dejaría de jugar por un asunto de distancia.
En lo que sí coinciden todos los jugadores es en su exigencia de ser tratados con respeto y en pedir mayor equidad a los medios de comunicación para dejar de ser criminalizados dado que, la gran mayoría de las personas, juega única y exclusivamente por diversión y entretenimiento.
Impacto de la demonización del juego privado sobre el empleo
También podemos ver gracias a Italia los otros efectos de las distancias. Devastadores también para la sostenibilidad de los locales y el mantenimiento de los empleos. Tanto, que en el país se dieron numerosas protestas de trabajadores del sector, empresarios, asociaciones comerciales y sindicatos; uniéndose para solicitar la modificación de la ley que obligaba a asegurar 500 metros mínimo entre locales y “zonas sensibles”.
La alianza entre sector privado y sindicatos, también ha tenido lugar en España. Este año, Cejuego, patronal de la industria, ha firmado sendos acuerdos, con UGT y Comisiones Obreras, principales sindicatos en el país, para la defensa del empleo de un sector que ocupa a 260.000 personas en el país.
En palabras de Immacolata Romano, directora de Relaciones Institucionales de Codere
Italia, “en nuestro país, periodistas, sociólogos y politólogos, han escrito ríos de tinta sobre la teoría de la prohibición como cura del juego problemático, método que jamás ha mostrado mayor validez que la de generar juego ilegal y, con ello, potenciar la criminalidad. Ha tenido que ser una pandemia lo que evidencie que las únicas que se favorecen de las prohibiciones son las empresas de juego ilegal, que han crecido de manera exponencial. Esto ha servido para que muchos revisaran sus opiniones y discursos, rebajando el tono de demonización de los operadores legales y mostrándose mucho más atentos a las necesidades reales del sector, revisando qué medidas deben implementarse para reducir las tasas de juego problemático y, sobre todo, eliminar los operadores ilegales que niegan cualquier garantía de juego responsable”.
En resumen, el juego es un aspecto normal de la vida de un ciudadano; la gente juega para socializar y divertirse. El Estado tiene la misión de regularlo, visibilizando el valor de ocio y entretenimiento de la actividad, garantizando su sostenibilidad y la protección al usuario con medidas eficientes. Por nuestra parte, seguimos impulsando las mejores prácticas y protegiendo a los colectivos vulnerables a través de nuestro completo programa de RSC y juego responsable.
A la luz de la experiencia en Italia se concluye que realizar prohibiciones, fijar distancias entre los locales y las zonas sensibles o imponer horarios reducidos de acceso a la oferta, no solo son medidas ineficaces y cosméticas, sino que contribuyen a generar un problema mayor como es la aparición del juego ilegal, que dilapida la transparencia, el cumplimiento de la legalidad vigente así como cualquier impulso de políticas públicas que favorezcan las garantías del usuario, velen por la protección de los colectivos vulnerables y aseguren la sostenibilidad del sector.
